Los sindicatos argumentan que esta acción es una táctica para disuadir a los trabajadores de unirse a la huelga, afectando directamente a la libre expresión del derecho a protestar. Según ellos, la medida puede ser vista como un intento de limitar la participación en movilizaciones legítimas y necesarias para la mejora de condiciones laborales.
Adorni explicó que los descuentos no aplicarán a aquellos empleados que logren demostrar que su ausencia fue debido a la imposibilidad de llegar a sus lugares de trabajo por causas relacionadas con el paro. Esto incluye, por ejemplo, la falta de transporte público como resultado de la adhesión de otros sectores al paro.
El gobierno también ha establecido una línea directa para que los empleados denuncien cualquier acto de coacción o extorsión relacionados con el paro. Esta herramienta busca ofrecer un respaldo legal a los trabajadores que decidan no participar en la huelga bajo presión.
Esta situación refleja la tensión entre el gobierno y los sindicatos en torno al ejercicio del derecho a huelga y la administración de políticas laborales, subrayando un clima de descontento y disputa sobre los derechos laborales en el contexto actual.
