El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción legal basada en denuncias recibidas a través de la línea 134, que revelaron coacciones a beneficiarios para asistir a movilizaciones a cambio de mantener sus beneficios sociales. Las investigaciones identificaron casos donde se amenazaba con retirar ayudas si no se cumplía con las demandas de los líderes de estas organizaciones.
Entre las pruebas recabadas, se incluyen mensajes de texto y documentación que evidencian la coacción a los beneficiarios, lo que ha llevado a la fiscalía a acusar a los dirigentes de extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta. Los afectados reportaron ser obligados a realizar contribuciones monetarias a los comedores comunitarios y asistir a protestas.
El caso ha despertado preocupación sobre la manipulación de programas sociales destinados a los sectores más vulnerables. El gobierno y la justicia siguen evaluando el impacto de estas prácticas en la integridad de los programas de asistencia social y en la confianza de la población beneficiaria.
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