La ubicación del descubrimiento es un sector de la Antártida reivindicado por Argentina, Reino Unido y Chile. La exploración en esta región está estrictamente regulada por el Tratado Antártico de 1959, que promueve la cooperación científica y prohíbe la explotación comercial de recursos. El tratado fue firmado por una docena de países, incluyendo a la entonces Unión Soviética, y establece la región como una zona dedicada exclusivamente a actividades pacíficas.
La noticia ha provocado preocupaciones internacionales debido a las posibles violaciones del Tratado Antártico. El ministro de Asuntos Exteriores británico ha señalado que, aunque Rusia insiste en que sus actividades son meramente científicas, el tamaño y el valor del hallazgo podrían poner en riesgo los principios del tratado.
El gobierno argentino también ha reaccionado, reafirmando su reclamo de soberanía sobre el denominado “Sector Antártico Argentino”. Este territorio forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según la ley argentina, aunque su gestión se encuentra condicionada a las estipulaciones del Tratado Antártico.
El debate sobre la soberanía y la explotación de los recursos antárticos se intensifica a medida que más países muestran interés en la región. La situación plantea un desafío diplomático significativo, requiriendo un delicado equilibrio entre los derechos de soberanía nacional, la cooperación internacional y la preservación ambiental.
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