La solicitud se enmarca en una oposición coordinada por varios gobernadores y sectores políticos que critican el impacto potencialmente negativo de este decreto en la estructura socioeconómica del país. La Corte ha iniciado el proceso de revisión, que incluye la consulta al Procurador General.
El DNU 70 ha generado un amplio debate, con algunos gobernadores peronistas dialogando con el gobierno nacional, mientras otros, como Quintela, se mantienen firmes en su oposición. Este decreto también ha sido frenado parcialmente en su capítulo laboral por una medida judicial previa.
La situación refleja una profunda polarización política en torno a las políticas de desregulación propuestas por el actual gobierno, y la decisión de la Corte será crucial para definir el rumbo de estas políticas.
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