La medida afecta a numerosas sedes regionales del instituto, lo que implicará una reducción significativa en las actividades de investigación y extensión agrícola. Los recortes se justifican en la necesidad de ajustar las finanzas del país y disminuir el déficit fiscal, aunque se espera que la reducción de estas actividades pueda impactar negativamente en el desarrollo agrícola y la innovación tecnológica en el sector.
El cierre de las sedes del ínta se suma a otras decisiones de ajuste tomadas por el gobierno, incluyendo la reducción de personal y la reestructuración de diversas entidades públicas. Los funcionarios aseguran que se mantendrán las funciones esenciales y que se buscará optimizar los recursos disponibles para no afectar gravemente los servicios prestados a los productores agropecuarios.
Las reacciones del sector agropecuario han sido mixtas, con algunos productores preocupados por la disminución del apoyo técnico y otros que comprenden la necesidad de ajustes fiscales. El Gobierno ha prometido que continuará trabajando en políticas que beneficien al sector a pesar de los recortes, y que se buscará fortalecer las áreas estratégicas dentro del ínta.
Esta decisión forma parte de una serie de políticas más amplias del gobierno de Javier Milei, orientadas a reducir el tamaño del Estado y promover una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. El impacto a largo plazo de estas medidas en el sector agropecuario y en la economía en general aún está por verse.
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