El nuevo sistema busca establecer un marco más riguroso y transparente, permitiendo una supervisión constante de los contratos y su cumplimiento. Esto no solo incluye una mayor fiscalización, sino también la implementación de nuevas tecnologías para monitorear los procesos en tiempo real.
El objetivo principal es prevenir futuros escándalos y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente. La medida ha sido bien recibida por varios sectores que demandaban un cambio estructural en la administración pública.
Sin embargo, críticos del gobierno han señalado que esta medida llega tarde y cuestionan si será suficiente para remediar los problemas de fondo. Piden además una investigación exhaustiva de las irregularidades pasadas y sanciones a los responsables.
Este anuncio es parte de una serie de reformas que el gobierno planea implementar en respuesta a los recientes escándalos y la creciente demanda ciudadana de mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública.
Palabras Clave:
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