Defensores del proyecto argumentan que se trata de una acción humanitaria, ya que muchos de los represores son personas de edad avanzada y en condiciones de salud delicadas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos denuncian que esto representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.
Las víctimas y sus familias han expresado su profunda preocupación y rechazo a la posible liberación de los represores. Consideran que esta acción es una falta de respeto a la memoria de los afectados y una negación de justicia.
El gobierno peruano se encuentra en una posición delicada, tratando de equilibrar las presiones internas y externas mientras enfrenta críticas tanto a nivel nacional como internacional. El debate continúa, y se espera que la decisión final tenga un impacto significativo en el panorama político y social del país.
Este tema ha reavivado el doloroso recuerdo de los años de conflicto interno en Perú y la necesidad de garantizar que no se repitan los abusos del pasado. La sociedad civil y diversas organizaciones continúan vigilantes ante el desarrollo de esta situación.
