El plan fiscal del ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta ajustes tras el revés sufrido con la caída de la Ley Ómnibus. Se estima que el déficit a eliminar este año será un 0,2% del PBI menor a lo previsto, lo que implica recortes adicionales en el gasto público. En enero, se reportó un superávit fiscal, resultado del freno en el gasto y un ritmo más lento de ejecución característico del inicio de gestiones.
Para alcanzar el déficit cero, se intensificarán los recortes en partidas presupuestarias conocidas, como los subsidios y la obra pública. Además, se prevé la presentación de nuevas reformas al Congreso, incluyendo cambios en la fórmula jubilatoria y en el impuesto a los ingresos personales. Sin embargo, se enfrenta la pérdida de herramientas fiscales debido al fracaso legislativo.
El Gobierno deberá cumplir con objetivos trimestrales para alcanzar un superávit primario y un equilibrio financiero hacia fin de año. Esto implica reducir las transferencias a provincias y controlar el gasto público de manera más rigurosa. Aunque se espera un ajuste gradual, la incertidumbre persiste ante la falta de herramientas legislativas para impulsar el plan fiscal.
En resumen, el Gobierno se ve obligado a ajustar su plan fiscal tras la caída de la Ley Ómnibus, buscando alternativas para alcanzar el déficit cero y cumplir con los compromisos financieros.
