Las familias de Morandini y Villegas han protestado y denunciado públicamente lo que consideran un abuso de poder por parte de la justicia jujeña. Se ha argumentado que estas detenciones representan una violación grave del derecho a la libertad de expresión, ya que se basan en publicaciones en redes sociales sobre la vida privada de un político.
El caso ha ganado atención internacional debido a las presuntas irregularidades en el proceso judicial y a la falta de pruebas sólidas que respalden las acusaciones contra los detenidos. Organismos como el CELS han expresado su preocupación por el uso del sistema judicial para criminalizar la libertad de expresión.
Se ha señalado que las condiciones de detención de Morandini y Villegas fueron degradantes e inhumanas, lo que ha generado aún más indignación y críticas hacia las autoridades judiciales de Jujuy. Las familias exigen justicia y que se respeten los derechos fundamentales de los detenidos.
El gobernador de Jujuy se ha desvinculado de las detenciones, argumentando que es un asunto que corresponde exclusivamente a la justicia. Sin embargo, la presión internacional sigue en aumento, con la intervención de la CIDH y la ONU para garantizar que se respeten los derechos humanos en este caso.
La situación planteada en Jujuy pone de relieve la importancia de proteger la libertad de expresión y asegurar que elsistema judicial funcione de manera justa y transparente, sin violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La comunidad internacional sigue de cerca este caso, en espera de una resolución que garantice la justicia y el respeto por los derechos humanos.
