El juez federal solicitó la presencia de especialistas en arqueología, arte, restauración y documentos históricos, subrayando la importancia de la expertise en la investigación. Entre los bienes hallados se encontraron objetos de distintas épocas, como imaginería colonial y obras de arte del siglo XX, junto con mobiliario, retablos, altares y objetos litúrgicos de gran valor histórico. La investigación se centra en la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, destacando la responsabilidad de la Agencia Córdoba Cultura en su aplicación.
Alfonso Uribe, de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, resaltó la importancia de contar con personal especializado para identificar y peritar objetos en procedimientos relacionados con el tráfico ilícito. El tráfico de bienes culturales es una problemática global, situándose como el tercer flagelo más grave a nivel mundial. La Constitución de la provincia de Córdoba establece la responsabilidad del Estado en la conservación y difusión del patrimonio cultural, reforzando la importancia de estas acciones para proteger la historia y la identidad de la región.
