La decisión se basa en normas constitucionales y legales, así como en la necesidad de mantener la precisión y rigurosidad en las comunicaciones militares. Se argumenta que el uso incorrecto del lenguaje puede afectar el desarrollo de las operaciones y generar confusión. Por lo tanto, se enfatiza la importancia de aplicar estrictamente las normas lingüísticas establecidas por la Real Academia Española y los reglamentos militares.
La cartera de Defensa también lanzará una campaña de difusión sobre esta prohibición y llevará a cabo capacitaciones para el personal. Se destaca que las comunicaciones en el ámbito militar deben ser breves, claras y concisas, de acuerdo con los reglamentos correspondientes. Esta medida refleja un reordenamiento dentro de las Fuerzas Armadas y busca reivindicar su papel en la democracia y la Constitución.
Los cambios estructurales no han sorprendido al personal militar, que ve con buenos ojos la intención del Ministerio de Defensa de hacer cumplir el vocabulario militar tradicional. La promesa de Petri de reivindicar a las Fuerzas Armadas como instituciones democráticas refuerza esta perspectiva.
La medida ha generado debate y atención en la opinión pública, destacando la importancia de mantener un lenguaje preciso y acorde con los estándares establecidos en el ámbito militar. La decisión del Ministerio de Defensa refleja su compromiso con la claridad y la coherencia en las comunicaciones, así como con el respeto a las normativas lingüísticas vigentes.
