Los argumentos esgrimidos para justificar esta medida se centran en los incumplimientos del Estado Nacional hacia la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Se menciona la falta de transferencia de fondos actualizados para cubrir el desequilibrio de los sistemas previsionales, según lo estipula la Ley Nacional N° 27.260 y sus reglamentaciones.
La segmentación establecida por la normativa divide a los jubilados en tres grupos según el monto de sus ingresos. Aquellos que ganan hasta 235 mil pesos en bruto cobrarán el aumento simultáneamente a los activos, mientras que los que perciben entre 235 mil y 470 mil pesos verán diferido el incremento por un mes, con un bono de compensación de 20 mil pesos.
Por último, el tercer grupo, compuesto por quienes ganan más de 470 mil pesos, experimentará un diferimiento de dos meses, recibiendo bonos compensatorios de 30 mil pesos en febrero y 50 mil pesos en marzo. Estas medidas de diferimiento y bonificación buscan equilibrar las finanzas de la Caja de Jubilaciones ante los desafíos económicos actuales.
El impacto de estas decisiones en la calidad de vida y el bienestar de los jubilados cordobeses es un tema de debate en la provincia, ya que algunos sectores consideran que estas medidas podrían afectar negativamente a los pasivos, mientras que otros argumentan que son necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en un contexto económico desafiante.
