La solicitud de acceso a la información pública en 2019 y una acción de amparo llevaron a suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. La falta de acuerdo sobre la auditoría de esta tecnología ratificó la medida recientemente. En una audiencia conciliatoria, se propuso informar a la ciudadanía y colaborar con pericias técnicas para garantizar una implementación segura.
Tomás Pomar, presidente de O.D.I.A., destacó la importancia de una auditoría exhaustiva para tecnologías críticas utilizadas por el Estado. La privacidad de los ciudadanos no debe ser vulnerada en nombre de la seguridad. Además, se enfatizó que los sistemas de reconocimiento facial pueden cometer errores, al igual que los sistemas tradicionales.
Es fundamental exigir a las empresas y al Estado la calidad y capacidad de control de los sistemas que pretenden implementar. Aunque ninguna tecnología es perfecta, se debe garantizar un equilibrio entre seguridad y privacidad. La decisión judicial de elevar el nivel de auditoría es un paso en esa dirección.
