El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, ha destacado que estos descuentos son significativos, especialmente para aquellos trabajadores con cargas familiares. Según los datos proporcionados, un trabajador con cónyuge podría pagar más de $50.000 por la obra social, aumentando a casi $70.000 si tiene a su cargo un hijo mayor de edad o un nieto. Estos montos resultan considerablemente altos en comparación con el salario promedio, que se sitúa en torno a los $470.000.
Además de la exigencia de anulación de los fondos especiales, los gremios también han cuestionado la modificación realizada por el ministro de Economía, Guillermo Acosta, respecto al diferimiento jubilatorio. Esta medida implica que los haberes de los pasivos se actualicen dos meses después del aumento recibido por los activos.
Ante esta situación, los gremios han declarado un estado de alerta y han enviado una nota conjunta al gobernador y al secretario general de la gobernación. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, se reservan el derecho de tomar medidas adicionales para hacer escuchar su reclamo.
Es importante destacar que este reclamo refleja la preocupación de los trabajadores estatales por el impacto de los descuentos adicionales en sus ingresos y la necesidad de revisar estas medidas para garantizar una distribución equitativa de los recursos destinados a la salud y el bienestar de los empleados públicos.
