La paralización de estas obras ha tenido un impacto significativo en el empleo, con un aumento del desempleo y las suspensiones en el sector. Entre fines de 2023 y febrero pasado, más de 2.000 proyectos dejaron de recibir financiamiento con fondos nacionales, según datos de la Asociación de Presupuesto Público.
El recorte del gasto en obra pública, que alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, ha sido una estrategia clave del gobierno para lograr un superávit financiero en los primeros meses del año. Esta medida ha sido parte de la estrategia fiscal para combatir la inflación, liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El gobierno ha priorizado la finalización de obras estratégicas relacionadas con la seguridad vial, cárceles y el control de inundaciones. Sin embargo, la eliminación de la obra pública ha sido una de las principales promesas de campaña del presidente Milei, quien ahora enfrenta el desafío de gestionar la crisis resultante en el sector de la construcción.
A pesar de la paralización en la obra pública, algunas iniciativas importantes, como la reversión del Gasoducto del Norte, continúan avanzando. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para contrarrestar el impacto negativo en el empleo y la economía en general. La situación sigue siendo crítica, con incertidumbre sobre el futuro del sector de la construcción y la economía en general.
