La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ y también incluye a personas con discapacidades. Además, criticaron la medida, calificándola de “desguace del Estado” y señalaron que el número de cesantías ha llegado a casi la mitad del personal del INADI.
Mariana, una empleada con más de 17 años de antigüedad, expresó su frustración y miedo sobre su futuro laboral, indicando que esta situación es cruel y afecta profundamente la estabilidad de los trabajadores. La ATE ha utilizado sus redes sociales para visibilizar la situación y llamar a la acción.
La Policía Federal ha impedido el ingreso de los empleados despedidos al organismo, intensificando el conflicto y la tensión entre los trabajadores y el gobierno. Los empleados han enviado una carta al Senado para rechazar la privatización propuesta y defender las políticas públicas.
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