Esta acción sigue al anuncio del cierre de corresponsalías nacionales y el inicio de un proceso preventivo de crisis para desvincular al personal. La medida permitirá al gobierno pagar el 50% de las indemnizaciones a quienes no acepten los retiros voluntarios, aumentando la incertidumbre y el descontento entre los empleados.
Los trabajadores, que se han reunido en las puertas de las oficinas principales en Buenos Aires, han expresado su rechazo a estas decisiones, argumentando que limitan sus derechos laborales y desmantelan un medio de comunicación histórico.
El plan de retiros voluntarios y la gestión del cierre han sido cuestionados no solo por los empleados sino también por sectores políticos y sociales que ven en estas acciones una reducción preocupante de la diversidad de voces en el periodismo argentino.
Con el cierre de Télam, una entidad con casi 80 años de historia, se marca el fin de una era para el periodismo estatal en Argentina, en un contexto de profundos cambios políticos y económicos impulsados por el gobierno actual.
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